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El gobierno evalúa realizar modificaciones a su propuesta de ocho cambios constitucionales en materia de seguridad, con el objetivo de lograr que las iniciativas sean aprobadas en el Parlamento. Las propuestas han generado cuestionamientos transversales, especialmente desde sectores del propio oficialismo. Una de las principales críticas apunta a la creación de un nuevo estado de excepción con amplias atribuciones presidenciales, que podría extenderse hasta por ocho meses sin necesidad de una nueva consulta al Congreso. Ante este escenario, el Ejecutivo analiza retirar la urgencia de la iniciativa y reducir de ocho a tres o cuatro los cambios que requerirían una modificación a la Carta Magna. El resto de las medidas serían tramitadas como proyectos de ley simples. Así, la agenda de seguridad impulsada por el gobierno enfrenta una revisión, luego de las críticas surgidas desde distintos sectores políticos respecto del alcance de las modificaciones constitucionales propuestas.