¿Conspiración contra el PLD o contra la realidad?
Altagracia Salazar
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Altagracia Salazar
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Sin maquillaje, 28 de septiembre de 2026
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El 20 de febrero, Abel Martínez envió una carta a Danilo Medina y a la comisión organizadora de la consulta presidencial del PLD para pedir que lo retiraran de la lista de aspirantes. Su argumento era claro: entendía que el proceso, tal como estaba planteado, violaba la Constitución y las leyes electorales. Abel se salió del juego antes de que comenzaran a repartir las cartas.
El 26 de junio, la Junta Central Electoral respondió una consulta de Francisco Domínguez Brito y fue categórica: la consulta del PLD prevista para el 18 de octubre no tenía respaldo legal en esa etapa del calendario electoral y era “improcedente”. La JCE fundamentó su posición en las leyes 20-23 y 33-18 y, especialmente, en una sentencia del TSE que ya había anulado una consulta similar del PLD.
Pero aparentemente una advertencia de la JCE no era suficiente. El el PLD pidió 1,800 equipos tecnológicos para realizar la consulta y el Pleno de la Junta volvió a cerrar la puerta. La razón fue exactamente la misma: una actividad de esa naturaleza no estaba dentro de los actos permitidos por la ley en la actual etapa del calendario electoral. La decisión se tomó el 14 de septiembre y fue comunicada al PLD el día 25.
Y hay un pequeño detalle logístico que hace todavía más curiosa la insistencia: el PLD no solo necesita los equipos de la Junta. También necesita las escuelas que servirían como recintos. Y sin la autorización de la JCE, esas escuelas también quedan en stand by. O sea, quieren organizar una fiesta para la que el anfitrión no presta las sillas, no presta los equipos y además está diciendo que todavía no es la fecha.
Lo más interesante es que esto no comenzó en septiembre. El TSE ya había anulado en 2025 una consulta similar del PLD porque se realizó antes de la precampaña y podía generar una ventaja anticipada para uno de los aspirantes. De manera que el partido no está descubriendo ahora que existen límites legales: lleva tiempo chocando con ellos.
Abel Martínez lo advirtió en febrero. La JCE lo confirmó en junio. La JCE volvió a recordarlo en septiembre. Y el TSE ya había dejado un precedente. Sin embargo, el danilismo, que controla la estructura del PLD, ha insistido en mantener la consulta del 18 de octubre como si todas esas señales fueran simples sugerencias que pueden archivarse en una gaveta.
Y ahora aparece en primera plana de El Día que el Partido de la Liberación Dominicana percibe una conspiración de múltiples actores, colocando a la JCE entre sus adversarios externos junto a otros partidos del sistema. El problema es que cuando una organización recibe varias advertencias de la autoridad electoral, quizá antes de hablar de conspiración convendría preguntarse si existe la posibilidad, aunque sea remota, de que la autoridad simplemente esté aplicando la ley.
Porque además el propio PLD reconoce que tiene ataques internos, aunque todavía no dice exactamente de quién vienen. Y aquí aparece un episodio que no puede ignorarse: Francisco Javier García denunció la supuesta exclusión de más de 500 mil ciudadanos del padrón. No sabemos si el liderazgo morado considera esas declaraciones un ataque interno, una denuncia legítima o una guerra de familia, pero tratándose de uno de sus principales dirigentes, el asunto difícilmente puede despacharse como ruido.
Todo esto dibuja un partido profundamente dividido, en el que una parte de la dirigencia parece estar mirando hacia las elecciones de 2028 mientras otra dedica buena parte de sus energías a resolver quién controla el presente. La insistencia en una consulta cuestionada por la autoridad electoral puede terminar siendo, paradójicamente, otro episodio de la misma lucha interna que el PLD intenta presentar como una conspiración externa.
Y aquí está el verdadero problema para los morados: Abel se salió, la JCE dijo que no, el TSE ya había advertido y el danilismo sigue adelante. Si finalmente la consulta se convierte en una batalla contra la Junta, contra sectores internos y contra sus propios antecedentes judiciales, la discusión dejará de ser quién será el candidato presidencial del PLD. Será algo mucho más básico: si el viejo partido morado todavía puede ponerse de acuerdo consigo mismo antes de pretender convencer al electorado de que vuelva a confiar en él.
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