Kennly Garza Sánchez, Estado de la situación del adulto mayor en Costa Rica, CONAPAM C.G18/09/ 2026

Gestión del Consejo Nacional para el Adulto Mayor. CONAPAM. Máster Kennly Garza Sánchez Directora Ejecutiva de CONAPAM. Expresidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Ministra de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Directora técnica y administrativa del CAI Adulto Mayor, la única cárcel especializada para personas adultas mayores en Costa Rica. Tiene experiencia en instituciones públicas, con un enfoque de gestión por resultados, basado en evidencia y una perspectiva sistémica para la toma de decisiones y la mejora continua de los servicios públicos. Es psicóloga de profesión, cuenta con una Maestría en Gerontología Egresada del Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del ICAP. Desde su incorporación al CONAPAM, la gestión de Kennly Garza Sánchez se ha enfocado en fortalecer las políticas de envejecimiento digno tanto en la agenda pública costarricense como en el posicionamiento del país en foros internacionales: Liderazgo de Misión en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (CEPAL) El envejecimiento poblacional constituye uno de los principales cambios estructurales que enfrenta Iberoamérica y representa un desafío creciente para las políticas públicas. Costa Rica ocupa una posición particular dentro de este proceso, debido a que experimenta una transición demográfica acelerada, pero dispone también de una institucionalidad relativamente desarrollada para responder a las necesidades de las personas adultas mayores. Entre sus principales fortalezas se encuentran el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023–2033, programas de cuidados, mecanismos de protección y espacios de participación. En Costa Rica, la población de 65 años y más aumentó de 5,6 % en el año 2000 a 11,7 % en 2025, mientras la fecundidad disminuyó hasta niveles de ultrabaja fecundidad. Estos cambios transforman la estructura de la sociedad y generan mayores presiones sobre los sistemas de pensiones, salud, cuidados, vivienda, transporte, empleo y protección social. Por ello, el envejecimiento debe abordarse como un tema de desarrollo nacional y no únicamente como una cuestión asistencial. El CONAPAM desempeña un papel central en la respuesta del país. Su evolución institucional le ha permitido asumir funciones de rectoría, coordinación y formulación de políticas públicas, articulando instituciones, gobiernos locales y organizaciones sociales. La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023–2033 constituye un instrumento fundamental para orientar las acciones públicas a mediano y largo plazo. Asimismo, las redes de cuido, hogares, centros diurnos, la Línea Dorada 1165, los mecanismos de información y el Consejo Consultivo de personas adultas mayores reflejan un avance hacia un modelo basado en derechos, prevención, autonomía y participación. La Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores, adoptada en Costa Rica en 2012 en el marco de la CEPAL, constituye un importante referente regional. Su enfoque reconoce a las personas mayores como sujetos de derechos y promueve la dignidad, autonomía, igualdad, participación, seguridad económica, acceso a la salud y protección frente a la violencia y la discriminación. Costa Rica presenta ventajas comparativas al contar con una institución rectora especializada, una política nacional vigente, una red de servicios de cuidado y protección, mecanismos de denuncia y espacios de participación directa. Sin embargo, estos avances no significan que el país haya alcanzado una respuesta definitiva. Costa Rica debe avanzar hacia una segunda generación de políticas enfocadas en resultados, cobertura, calidad y sostenibilidad. Entre sus principales desafíos están: consolidar un sistema nacional de cuidados de largo plazo, fortalecer al CONAPAM, garantizar pensiones suficientes, adaptar los servicios de salud al envejecimiento, prevenir la dependencia, combatir el edadismo y reducir las desigualdades territoriales. También es necesario fortalecer la participación efectiva de las personas mayores y desarrollar indicadores que permitan evaluar la calidad de las políticas. A nivel iberoamericano, los retos son similares, aunque se presentan en contextos institucionales y fiscales diversos. La región debe cerrar la brecha entre el reconocimiento jurídico de los derechos y su cumplimiento efectivo, desarrollar sistemas universales de cuidados, fortalecer la protección social y adaptar los servicios de salud al aumento de la dependencia y las enfermedades crónicas. En conclusión, Costa Rica cuenta con una base institucional importante para enfrentar el envejecimiento, pero debe convertir sus avances normativos y programáticos en resultados concretos y sostenibles. Su experiencia puede servir como referencia para Iberoamérica, siempre que se mantenga una visión centrada en derechos, autonomía, cuidados, participación, igualdad y dignidad de las personas mayores.