El colapso de la justicia a debate: la reforma que Bolivia ya no puede aplazar

📍Kathia Saucedo, abogada y William Herrera, abogado El colapso de la justicia a debate: la reforma que Bolivia ya no puede aplazar. La reciente aprehensión y destitución definitiva del fiscal general Roger Mariaca, del fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y del fiscal superior Martín Irusta, ha reactivado las alarmas sobre el colapso estructural del sistema judicial boliviano. Lejos de ser una crisis coyuntural de la última década, el escándalo en el Ministerio Público reabre una herida histórica: la postergada demanda de una reforma de la justicia que arrastra más de treinta años de frustraciones. Ya entre 1993 y 1994, bajo el paraguas de la modernización del Estado y la reforma constitucional, el país intentó despolitizar los tribunales mediante la recordada designación de "los Notables" en la antigua Corte Suprema de Justicia, buscando frenar el tradicional "cuoteo" partidario. Pero el proceso se frustró por las dinámicas del poder político y el sistemático estrangulamiento de recursos, abriendo paso años después al fallido experimento de la elección de jueces por voto popular, implementado desde 2011. Hoy, el colapso se agrava bajo condiciones críticas: el presupuesto asignado al sector apenas alcanza el 0,4% del Presupuesto General de la Nación. Un estrangulamiento de recursos que impacta de lleno en la ciudadanía. Instancias clave como el Tribunal Constitucional Plurinacional arrastran más de 22.000 causas pendientes, consolidando una retardación de justicia sistémica que destruye cualquier noción de seguridad jurídica. La peor cara de este colapso se vive en los 43 centros penitenciarios del país, donde el hacinamiento ya sobrepasó el 109% de su capacidad real, debido principalmente al abuso de la detención preventiva (53,91% de la población carcelaria) y a la parálisis de los juzgados penales. A estos datos se suma otro más preocupante aún: la coexistencia de esa alarmante falta de celeridad procesal con una severa crisis ética en las oficinas judiciales. Sólo ante el Viceministerio de Transparencia institucional se registran más de 500 denuncias anuales contra jueces y fiscales por retardación de justicia, cohecho y vulneraciones al debido proceso. Con el cierre definitivo del Ministerio de Justicia y la urgente necesidad de diseñar un nuevo mecanismo de selección meritocrática que frene la injerencia política y la amenaza de la penetración del crimen organizado, la reforma ha dejado de ser una opción programática para convertirse en un asunto de supervivencia democrática. Para analizar la viabilidad de una transformación profunda que logre destrabar el sistema, conversamos con dos juristas de reconocida trayectoria en el país: Kathia Saucedo y William Herrera. Seguinos en nuestras redes: ▶ YouTube:    / maggytalavera   ▶ Facebook:   / maggytalavera   ▶ TikTok: www.tiktok.com/@maggytalavera ▶ Instagram:   / maggy.talavera   ▶ X: https://x.com/maggytalavera