Deportaciones a TERCEROS PAÍSES son legales, explica Departamento de Justicia

La política de deportar inmigrantes a países distintos de su nación de origen vuelve al centro de una importante batalla ante la Corte Suprema de EE.UU. El gobierno de Donald Trump sostiene que las leyes migratorias permiten estas expulsiones, mientras abogados de inmigrantes argumentan que existen límites constitucionales y obligaciones internacionales que deben respetarse antes de concretarlas. La controversia gira alrededor de las llamadas deportaciones a “terceros países”. Bajo esta práctica, una persona con una orden final de expulsión puede ser enviada a una nación diferente de aquella de la que es ciudadano, particularmente cuando su deportación al país de origen no puede ejecutarse. El Departamento de Justicia, que representa al gobierno federal ante los tribunales, sostiene que la legislación estadounidense concede al Poder Ejecutivo autoridad para seleccionar determinados destinos alternativos y que los tribunales inferiores han impuesto restricciones que exceden lo establecido por el Congreso. Sin embargo, el debate no consiste simplemente en determinar si cualquier deportación a un tercer país es legal. Una cuestión fundamental es qué procedimiento debe recibir el inmigrante cuando afirma que podría sufrir persecución o tortura en el destino seleccionado. Los abogados que impugnan la política sostienen que una persona debe recibir aviso y una oportunidad significativa para plantear ese riesgo antes de ser expulsada. También invocan protecciones relacionadas con la Convención contra la Tortura y las normas estadounidenses que la implementan. El caso D.V.D. v. DHS llegó nuevamente a la Corte Suprema después de meses de litigios. El 29 de septiembre, el máximo tribunal suspendió una decisión de un tribunal federal que había limitado la política gubernamental y aceptó revisar formalmente el caso. Pero esa decisión provisional no significa que la Corte Suprema haya declarado definitivamente legal toda la política. De hecho, los magistrados acordaron examinar expresamente si las directrices gubernamentales para las deportaciones a terceros países violan la ley migratoria, el debido proceso o las protecciones contra la tortura. Los argumentos están previstos para diciembre de 2026. Por ahora, la suspensión permite al gobierno continuar aplicando su política mientras avanza el litigio. El fallo definitivo podría establecer reglas importantes sobre cuánto poder tiene el Ejecutivo para decidir el destino de una persona deportada y qué protecciones deben existir antes de enviarla a un país donde afirma estar en peligro. En este video explicamos los argumentos del Departamento de Justicia, qué significa realmente una deportación a un tercer país, cuáles son las objeciones legales y qué tendrá que decidir próximamente la Corte Suprema. #UniVistaTV #Inmigracion #Deportaciones #EEUU #DepartamentoDeJusticia #DOJ #CorteSuprema #ICE #DonaldTrump #Migracion ¿Crees que una persona con orden de deportación debería poder impugnar el país de destino si afirma que allí enfrentaría persecución o tortura?