SÁNCHEZ CONVIERTE SUS FRACASOS EN CAMPAÑA ELECTORAL | LA CUOTA 2x06 | SOTO IVARS Y USSÍA

La vivienda no mejora. Sánchez convoca elecciones. Los sindicatos convocan a la huelga general. ¿De quién es la culpa? CCOO y UGT han anunciado una huelga general de 24 horas por la vivienda y los salarios, aún sin fecha definitiva. Los sindicatos se dirigen a las administraciones y a los empresarios. Pero la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por Pedro Sánchez tras la derrota de los decretos de vivienda, abre otra pregunta: ¿protesta contra la gestión del Gobierno o movilización para que siga gobernando? El desahucio de Maricarmen, la acampada de la Puerta del Sol y el Sindicato de Inquilinas han colocado el acceso a la vivienda en el centro de la precampaña. Alquileres, desahucios y promesas de construcción se mezclan con la batalla por apropiarse del malestar. Un problema real no convierte automáticamente en independiente a quien intenta representarlo. Y ocho años de Gobierno no desaparecen porque la siguiente pancarta señale al PP. El Ejecutivo ha vuelto a aprobar los decretos y su convalidación pasa ahora por la Diputación Permanente. El PNV anuncia su apoyo al primero, pero no al de la renovación automática de los alquileres. La discusión no se limita a las medidas de vivienda: también afecta a cómo se presenta una derrota parlamentaria y a qué ocurre cuando el Congreso no vota lo que quiere el Gobierno. Las subvenciones sindicales añaden otra pregunta. La convocatoria estatal de 2026 prevé un máximo de 32 millones de euros para actividades sindicales. Una financiación que obliga a discutir la autonomía de quienes representan a los trabajadores, aunque no demuestre por sí sola ninguna coordinación electoral. Defender salarios y vivienda no debería confundirse con organizarle la campaña a un partido. El lawfare ofrece otra pista. Las referencias a esa idea en el acuerdo entre PSOE y Junts de 2023 provocaron el rechazo del Consejo General del Poder Judicial. Lo que entonces se presentaba como una concesión a los independentistas se ha convertido en una defensa recurrente del socialismo frente a las investigaciones judiciales. El problema siempre acaba siendo quién investiga, no qué se investiga. La amnistía vuelve además al primer plano con Carles Puigdemont. Pablo Llarena ha dejado provisionalmente sin efecto su orden de detención tras la decisión del Tribunal Constitucional sobre Dolors Bassa. El auto no supone que Puigdemont esté ya amnistiado. Pero reabre la discusión sobre el Tribunal Supremo, los contrapesos y una Constitución que necesita algo más que estar escrita para funcionar. Ceuta y la próxima visita de Felipe VI, la dana de Valencia, el apagón y el accidente ferroviario de Adamuz forman parte de otra discusión: cómo se reparten las responsabilidades cuando falla el Estado. La crítica apunta a un mecanismo reconocible: discutir las competencias, alargar la explicación de las causas y esperar a que la siguiente crisis desplace a la anterior. La tragedia cambia. La rendición de cuentas siempre puede esperar. Feijóo, Vox y una posible alternancia abren la última pregunta: ganar unas elecciones no garantiza una legislatura tranquila. El voto por correo y el censo CERA aparecen atravesados por la desconfianza, pero sospechar no demuestra un fraude. También importa conservar la confianza en las garantías electorales y en los funcionarios, jueces y fiscales que sostienen las instituciones cuando aumenta la presión política. Gobernar sin nuevos presupuestos, discutir los hechos según el partido y convertir cada escándalo en otra guerra de bandos no debería parecernos normal. En La Cuota, Juan Soto Ivars reclama recuperar el asombro. Quizá el problema no sea que falten motivos. Es haberse acostumbrado a todos. #PedroSánchez #PSOE #HuelgaGeneral #Vivienda