Director de UIF denuncia una red de corrupción que extorsionaba junto a la Fiscalía durante el MASE

#EnVivo | Director de UIF denuncia una red de corrupción que extorsionaba junto a la Fiscalía durante el MAS El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, anunció el inicio de acciones legales para investigar y procesar penalmente a exfuncionarios de la institución por presunto uso irregular de sus atribuciones durante gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Denunció que la entidad habría sido utilizada como una “plataforma de presión y chantaje financiero” contra empresarios, comerciantes, emprendedores y opositores políticos, y señaló que existen indicios de una presunta actuación coordinada con funcionarios del Ministerio Público durante la gestión del exfiscal general Roger Mariaca. “Durante la gestión masista, la UIF fue usada como plataforma de presión y chantaje financiero a empresarios, comerciantes, emprendedores y opositores del Gobierno”, afirmó Barboza. También sostuvo que el masismo habría convertido a la institución en “una herramienta de persecución política en los procesos electorales”. Como ejemplo, mencionó 2019, cuando, según su denuncia, la UIF ingresó al debate electoral y amenazó con iniciar investigaciones contra un candidato opositor. “Han usado la UIF para poder extorsionar y perjudicar una elección”, manifestó. Denuncian informes financieros usados para abrir procesos penales Barboza explicó que, tras asumir la dirección de la UIF en enero, se realizó una revisión interna de informes y documentación que permitió detectar indicios de procesos presuntamente irregulares. Según indicó, se habrían iniciado investigaciones contra personas que desarrollaban actividades económicas legales y contaban con documentación para respaldar el origen de sus recursos e inversiones. “Para decirlo de una manera clara y contundente, la UIF iniciaba investigaciones contra personas que producen y trabajan legalmente en nuestro país, que contaban con documentación y respaldos para acreditar el origen lícito de recursos e inversiones”, declaró. Sin embargo, aseguró que, pese a esos antecedentes, se emitían informes conclusivos de inteligencia que señalaban discrecionalmente supuestos indicios de recursos sin respaldo. El director sostuvo que esos documentos podían poner en riesgo “su patrimonio, su reputación y la continuidad de sus actividades económicas”, y que posteriormente eran remitidos al Ministerio Público para promover procesos penales contra los investigados. En ese contexto, señaló que existen indicios de una presunta actuación coordinada entre funcionarios de la UIF y del Ministerio Público durante la gestión de Roger Mariaca, aspecto que, remarcó, deberá esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes. Barboza anuncia denuncias y una revisión de los casos El director aseguró que se impulsarán acciones legales contra quienes resulten responsables y que la institución no excluirá a ninguna persona de las investigaciones. “No vamos a escatimar nombres de nadie, ni tampoco empresarios de ningún tipo”, afirmó. También explicó que, debido a las restricciones de confidencialidad de la UIF, por el momento no puede revelar los nombres de las personas involucradas ni todos los antecedentes de los casos revisados. Barboza indicó que la institución está recabando información para elaborar informes financieros patrimoniales solicitados mediante requerimientos fiscales. Estimó que uno de esos informes podría remitirse al Ministerio Público en aproximadamente un mes. Aclaró, además, que la UIF no tiene atribuciones para confiscar bienes ni disponer la pérdida de dominio, sino que elabora informes indiciarios que pueden ser utilizados en las distintas etapas del procedimiento penal. “Vamos a seguir avanzando en la recuperación de las instituciones y desmontar las estructuras que usó el masismo para presionar y perseguir a los ciudadanos que ejercen actividades económicas con toda la legalidad posible”, sostuvo. Finalmente, agradeció a la Brigada Parlamentaria Cruceña por su disposición a acompañar el proceso de fiscalización y afirmó que el objetivo es garantizar que quienes trabajan e invierten legalmente en el país no vuelvan a ser víctimas de presuntas presiones indebidas o prácticas extorsivas desde instituciones estatales.