Cometí el ERROR de DUDAR del PSOE de SÁNCHEZ con lo la LEY DE NIETOS

Yo no acababa de subirme al tren del pucherazo con todo este lío de la ley de nietos. Todo me parecía muy rocambolesco y difícil de concretar hasta que he visto al PSOE reaccionar a la cautelar del supremo. Ahora no tengo dudas, algo traman para 2027. El Tribunal Supremo ha abierto una crisis alrededor de la llamada Ley de Nietos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo suspendió cautelarmente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, salvo que acrediten que descienden de españoles exiliados. El tribunal justificó la medida por el “incremento extraordinario” del censo y por el riesgo que, a su juicio, podía suponer para la transparencia del proceso electoral. El punto de choque está en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y en la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública el 25 de octubre de 2022. La ley reconocía la posibilidad de optar a la nacionalidad a descendientes de españoles que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual. La instrucción posterior, firmada por Sofía Puente, introdujo una presunción de exilio para quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa interpretación está en el centro de la controversia. La dimensión del asunto explica parte del conflicto. Según los últimos datos difundidos, unos 2,4 millones de descendientes habían solicitado cita, más de 544.000 solicitudes habían sido aprobadas y más de 300.000 personas figuraban ya inscritas como españolas. El Supremo no ha anulado esas nacionalidades. Lo que ha frenado cautelarmente son sus efectos electorales mientras se determina quién cumple los requisitos exigidos por la ley. La reacción del PSOE ha elevado más la temperatura. Ferraz lanzó una campaña de recogida de firmas para pedir que el Supremo revoque la suspensión. En el correo remitido a las bases socialistas se habla de una “amenaza real” para la democracia, se afirma que la resolución judicial es inminente y se reclama movilización inmediata. Rebeca Torró, Montse Mínguez y otros dirigentes han defendido que el derecho al voto no puede quedar suspendido y han acusado a PP y Vox de sembrar dudas sobre el sistema electoral. La Abogacía del Estado también ha recurrido la medida. Sostiene que el Supremo se ha excedido y que el crecimiento del censo no demuestra por sí mismo un riesgo real de alteración electoral. El Gobierno afirma además que la participación efectiva del voto exterior sigue siendo muy reducida. La Junta Electoral Central, por su parte, decidió acatar el auto y pedir información adicional a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares. La controversia ha llegado incluso al propio espacio socialista. Josep Borrell planteó que nacionalidad y derecho al voto no tienen por qué ser conceptos inseparables en todos los países europeos. Recordó que existen sistemas que limitan el sufragio de ciudadanos residentes durante largos periodos en el extranjero y defendió que merece la pena debatir si una persona que nunca ha vivido en España debe participar en sus elecciones. Su posición se distancia de la mantenida por el Gobierno y la dirección del PSOE. A partir de ahí aparece la acusación más grave: que la ampliación del censo exterior responda a una estrategia de “ingeniería electoral” o incluso a un futuro pucherazo. Esa tesis ha sido defendida por Vox, Iustitia Europa y comentaristas, pero hasta ahora no existe una prueba pública que demuestre que el Gobierno pueda controlar el sentido del voto de los nuevos nacionalizados ni que exista una operación organizada para alterar un resultado electoral. Lo que sí existe es una batalla jurídica sobre la aplicación de la Ley de Nietos, una suspensión cautelar que afecta al CERA, una reacción del PSOE y un debate de fondo sobre nacionalidad, voto exterior e independencia judicial. La pregunta ya no es solo quién puede obtener un pasaporte español, sino qué vínculo debe exigirse con España para participar en la elección de su Gobierno.