EL PRIMER LUGAR QUE CELEBRA EL PODER JUDICIAL NO MIDE JUSTICIA

EL PRIMER LUGAR QUE CELEBRA EL PODER JUDICIAL NO MIDE JUSTICIA El Poder Judicial publicó un video para anunciar que Costa Rica ocupa el primer lugar de América Latina en resolución judicial. Analicé el informe que invoca, el Índice de Congestión Judicial de CEJA, y las estadísticas que la propia Corte me entregó en el Oficio 113-P-2026. Los números desmienten la celebración. Primero: el ranking no compara 13 países. Compara 8. El video dice que Costa Rica superó a El Salvador y a Uruguay. Falso. CEJA excluyó del ranking de 2024 a El Salvador, Uruguay, Bolivia y Puerto Rico porque no tienen datos posteriores a 2022. El primer lugar se define por una centésima: Costa Rica 1,07, Perú 1,06. El dato de Brasil ni siquiera es una medición, es una proyección. Y en 2023, con la misma metodología, Perú y Panamá superaron a Costa Rica. Segundo: ese índice cuenta expedientes, no justicia. CEJA divide expedientes terminados entre expedientes ingresados. Nada más. El propio informe advierte que no evalúa la calidad de las decisiones judiciales, que no distingue por materia y que no contiene un solo dato sobre duración. Los datos los suministró la Dirección de Planificación del mismo Poder Judicial que hoy los exhibe como trofeo. En esa fórmula, una sentencia condenatoria, una prescripción y un archivo pesan exactamente igual. En 2023, 6.205 causas penales terminaron por prescripción y el Ministerio Público archivó 52.667 denuncias. Todas cuentan como casos resueltos. Tercero: lo que la Corte admite en el Oficio 113-P-2026. Un proceso de cobro judicial duraba 26 meses en 2019. En 2025 dura 72 meses. Las pensiones alimentarias pasaron de 50 a 74 meses. Los procesos civiles, de 30 a 39 meses. La Reforma Procesal Laboral costó ₡9.438 millones y la duración quedó intacta en 16 meses, mientras el circulante laboral creció de 39.069 a 47.987 expedientes aunque ingresaron menos casos. El propio oficio define la duración de un expediente hasta la fecha en que "se termina estadísticamente en el sistema institucional". Terminar estadísticamente no es hacer justicia. Ahí está un proceso civil de 1986 en Puntarenas que el despacho sacó "del sistema por inactivo" en 2024, y una consignación de alquileres de 1990 que el Juzgado Segundo Civil de San José mantiene en trámite 36 años después. Cuando consulté formalmente cuántas denuncias penales entre 2015 y 2024 terminaron en condena, absolutoria, desestimación o sobreseimiento, la Corte respondió que su Comisión de la Jurisdicción Penal no analiza ni se pronuncia sobre los resultados finales de los procesos. El Poder Judicial mide cuántos expedientes cierra. La impunidad no la mide. Cuarto: la cifra que el video no se atreve a mostrar. 95,7 % de impunidad. Entre 1998 y 2023 el Ministerio Público y el OIJ recibieron 4.025.940 denuncias. Los tribunales dictaron 172.653 condenas. De cada 100 personas que acudieron a la justicia, 96 nunca vieron una condena. En veinticinco años esa impunidad apenas bajó de 96,2 % a 93,6 %. 58,3 % de impunidad en homicidio doloso. 89,2 % en violación. 98,4 % en estafas. 98,6 % en relaciones sexuales con personas menores de edad. Ese es el verdadero índice del Poder Judicial costarricense. Quinto: el mismo CEJA desmiente el "rezago moderado". La condición óptima que invoca el video corresponde solo a la tasa de resolución. En congestión, el informe proyecta para 2025 una tasa costarricense por encima del umbral aceptable, y concluye que ningún país analizado alcanzará al mismo tiempo resolución óptima y congestión aceptable. Con una tasa de 1,41, casi tres de cada diez expedientes de la carga anual quedan sin resolver al cerrar cada año. Justicia pronta y cumplida exige sentencias, plazos razonables y víctimas reparadas. El video ofrece estadística, propaganda e impunidad.